El Consejo superior de deportes confirma el pádel por parejas y las clases grupales

En la madrugada de hoy, desde la dirección de correo electrónico habilitada por el Consejo Superior de Deportes para resolver dudas sobre el proceso de desescalada, se nos ha informado, por escrito, que en fase 1  pueden realizarse entrenamientos de pádel por parejas (2vs2), así como también impartir clases grupales de hasta 10 personas siempre que se respete la distancia mínima de seguridad de 2 metros entre ellas en todo momento.

El organismo señala que a todas estas actividades les resulta de aplicación desde el lunes 25 de mayo la nueva Disposición adicional cuarta de la Orden SND/399/2020 conforme a la cual, a la práctica de la actividad física no profesional no le es de aplicación la obligación de realizarla de manera individual sino que podrá realizarse en grupos de hasta un máximo de 10 personas manteniendo una distancia mínima de seguridad de dos metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria.

También debemos resaltar que el Ministerio de Sanidad, en su Guía para la Fase 1 del Plan de Transición, publica en su actualización del pasado Sábado 23 que “los clubes deportivos o Sociedades Anónimas Deportivas podrán desarrollar entrenamientos de tipo medio que consistirán en el ejercicio de tareas individualizadas de carácter físico y técnico, así como en la realización de entrenamientos tácticos no exhaustivos, en pequeños grupos de varios deportistas, hasta un máximo de diez, manteniendo las distancias de prevención, de dos metros de manera general, y evitando en todo caso, situaciones en las que se produzca contacto físico. Para ello, podrán utilizar las instalaciones que tengan a su disposición, cumpliendo las medidas establecidas por las autoridades sanitarias”.

En cuanto a la validez de esta información por escrito, debe tenerse en cuenta que una vez que la Administración del Estado, a través de su órgano actuante en materia de deporte, orienta a los ciudadanos sobre los requisitos jurídicos de aplicación a una actuación que se proponen realizar, rige el principio de buena fe y confianza legítima que implica que no puede ser sancionado el ciudadano que orienta su conducta en el sentido informado por la misma administración.