Comunicado conjunto: “La justicia declara la nulidad de las cuotas aprobadas por la FEP en fraude de ley”

En las asambleas generales de la FEP de 2019 y de 2020 bajo la presidencia de Alfredo Garbisu, ocho federaciones autonómicas, concretamente las federaciones de Asturias, Cantabria, Galicia, Catalunya, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla La Mancha y Ceuta, votamos en contra del nuevo importe de las cuotas de integración a través de las cuales las federaciones autonómicas contribuimos al sostenimiento de la FEP. Esas nuevas cuotas fueron aprobadas por mayoría simple cuando, en nuestra opinión, por incidir en el reparto económico de las licencias, debían contar con un consenso mucho mayor, exigido por la Ley del Deporte, y que consiste en contar con el voto favorable de 2/3 de las federaciones autonómicas que, a su vez, representen al menos los 2/3 del total de licencias en todo el país.

Por eso, las ocho federaciones presentamos en los juzgados de primera instancia de Madrid, una demanda conjunta impugnando dichos acuerdos de la asamblea de la FEP. La primera impugnación, referente a la asamblea de 2019, ya ha sido resuelta el 5 de enero por el Juzgado nº 91 de dicha ciudad, que ha fallado a nuestro favor, declarando que las cuotas aprobadas por la FEP presidida por Alfredo Garbisu lo fueron en fraude de ley, para eludir la mayoría reforzada exigida por la Ley, motivo por el cual la sentencia, que aún puede ser apelada por la FEP, declara la nulidad de las cuotas aprobadas y la nulidad del presupuesto de la FEP para el año 2019.

Desde nuestra federación apostamos por la vía del diálogo y el consenso en lugar de la imposición aplicada por la FEP, siendo éste el motivo por el que nos vimos obligados a acudir a la vía judicial. Por ello, queremos agradecer la predisposición del nuevo presidente de la FEP, Ramón Morcillo, para explorar vías de solución.

Confiamos en que las federaciones autonómicas y la Federación Española sabremos alcanzar un acuerdo justo y satisfactorio que restablezca los daños económicos, institucionales y deportivos causados por la ejecución del acuerdo asambleario, considerado por la justicia, adoptado en fraude de ley.